Una vez conocida la propuesta del Gobierno sobre el desarrollo de la LOE en lo relativo a la enseñanza de la Religión, la Plataforma asturiana RELIGIÓN EN LA ESCUELA quiere transmitir el siguiente comunicado:

·        La propuesta del Ministerio de Educación castiga una vez más a la clase de Religión, sometiéndola a unas condiciones que serían del todo inaceptables si se aplicasen a cualquier otra asignatura. 

·        Lamentamos profundamente que el Gobierno siga abordando este asunto desde claves puramente ideológicas y no desde lo estrictamente académico de cara a garantizar la mejor educación de los ciudadanos. Se corre el riesgo de perder la posibilidad de una solución seria, equitativa y duradera.

·        Rechazamos rotundamente la pretensión de disminuir en un tercio el número de horas asignadas al estudio de la Religión en la ESO porque afecta gravemente al rigor y valor de una materia fundamental que queda reducida a la marginalidad de una sola hora semanal de dedicación.

·        Denunciamos la irresponsabilidad del Ministerio de Educación, que en su propuesta y en sus declaraciones, hace caso omiso a lo legalmente establecido de manera nítida por numerosas sentencias, como por ejemplo la norma elemental que obliga a todos los alumnos a tener el mismo número de materias y carga horaria.

·        No es comprensible además que eluda sus obligaciones y traslade a cada centro la regulación de esta cuestión, generando con ello nuevas problemáticas y una conflictividad futura que nuestra educación no se merece ni necesita.

·        Finalmente no es entendible ni aceptable que un Gobierno que dice pretender mejorar las condiciones laborales de los profesores de Religión, abogue en realidad por unas propuestas que envían al paro a un buen número de los mismos.

Exigimos desde la voluntad democrática plasmada en más de tres millones de firmas de ciudadanos, unas condiciones dignas para la clase de Religión, sin reducciones horarias y en igualdad académica al resto de las asignaturas. Demandamos asimismo que el Gobierno "haga bien sus deberes" y no genere nuevos problemas, sino que facilite la necesaria calidad educativa y la adecuada organización de los centros educativos.